En un fallo histórico que estremeció a la nación y al mundo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a cadena perpetua por un tribunal especial, tras ser hallado culpable de múltiples crímenes relacionados con violaciones a los derechos humanos durante su mandato entre 2002 y 2010. La decisión judicial, sin precedentes en la historia de Colombia, marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad política.
La sentencia fue emitida por un tribunal extraordinario luego de años de investigación en los que se recopilaron testimonios de víctimas, documentos confidenciales, interceptaciones legales y declaraciones de altos mandos militares. El proceso judicial concluyó que durante su presidencia, Uribe habría sido el responsable político de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como “falsos positivos”, desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares.
La Fiscalía sostuvo que Uribe, lejos de ser ajeno a estos hechos, había tenido conocimiento y habría promovido, de forma indirecta, la continuidad de una estructura de violencia desde el poder estatal. La defensa del exmandatario, por su parte, argumentó falta de pruebas directas y calificó el juicio como una persecución política, sin embargo, el tribunal encontró suficientes elementos para dictar la pena más severa permitida bajo un nuevo marco jurídico.
El fallo ha provocado reacciones divididas. Para los sectores de víctimas y defensores de derechos humanos, se trata de un acto de justicia largamente esperado. “Hoy se reivindica la verdad de quienes durante años fueron silenciados”, dijo una representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Por otro lado, sectores afines al expresidente han calificado la condena como una “tragedia institucional” y han convocado movilizaciones para exigir su liberación. El expresidente Gustavo Petro, en un mensaje institucional, afirmó que el fallo debía ser respetado por todos los colombianos, y que ningún líder está por encima de la ley.
Esta condena representa uno de los episodios más complejos y controversiales en la historia política del país, y abrirá nuevos debates sobre la responsabilidad de los altos mandos en el conflicto armado colombiano.
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